En derecho internacional,  una deuda es ilegítima si procede de préstamos que, por cómo fueron concedidos, gestionados y en aquello que financian, de forma directa o indirecta, atentan contra la dignidad de la vida de los ciudadanos y ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos.

Se trata de deudas derivadas de acuerdos financieros que (o bien en la contratación o renegociación, o bien en lo que establecen, en lo que financian o en los impactos que causan) viola los derechos humanos o los principios de derecho internacional reconocidos por las naciones del mundo y que rigen las relaciones entre los estados y entre los pueblos.

También las ayudas a los bancos pueden ser consideradas como deuda ilegítima, porque no cumple para lo que ha sido concebida. El dinero del rescate ha sido destinado a que el sector financiero privado se haya podido deshacer de los activos tóxicos, pagar parte de sus deudas y reestructurarse obteniendo grandes beneficios.

La deuda externa, de hecho, también puede ser considerada ilegítima en su globalidad, en tanto que mecanismo de dominación y empobrecimiento, que perpetúa unas relaciones Sur-Norte injustas y desiguales, que responde fundamentalmente a los intereses de los acreedores y, en concreto, de las élites económicas (en el Norte y en el Sur).

Así podemos decir que las Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo su bienestar y mucho más sus mínimos de subsistencia o el medio ambiente no se deben pagar.