Esta mañana se hacía público el primer informe de Auditoría Ciudadana realizado por el grupo auditor del distrito de Arganzuela. El informe se refiere al alquiler de un local para la Oficina de Atención al Contribuyente de la calle Hierro, 27 del citado distrito y declara un gasto ilegítimo de más de un millón de euros en el arrendamiento de este local.

De acuerdo a este informe de auditoría ciudadana, al que puede accederse en esta misma web (https://madridauditamadrid.org/informes-de-casos-auditados/), el Ayuntamiento de Madrid arrendó este local de 754,10 m2 de superficie a un precio 30,00 € por m2 (22.623 € mensuales), sin incluir I.V.A. y con un incremento anual del I.P.C, durante un periodo de 10 años. Así pues, si a este precio se le suma el IVA y el incremento anual del IPC, para 2018 que vence el contrato de alquiler, el Ayuntamiento habrá pagado por este local 3.696.185 €, esto sin contar las obras de acondicionamiento que realizó la empresa constructora FCC Construcciones S.A., por un importe de 1.112.297,95 €.

Aunque la auditoría no ha entrado a analizar la ejecución del contrato de las obras de remodelación, si que ha podido concluir el el precio de alquiler es mucho mayor de los precios medios de alquileres de locales en la zona en el periodo de vigencia del contrato, suponiendo un sobre coste para las arcas municipales de al menos un 30%, lo que supondría unos 1.108.856 €. Esto suponiendo justificada la decisión de arrendar un local al no disponer de locales municipales de similares características en la zona. Pero la investigación revela que el Ayuntamiento si que disponía de varios locales que podrían haberse utilizado para emplazar la Ofician de Atención al Contribuyente, como por ejemplo el abandonado mercado de frutas y verduras de Legazpi, o el edificio de la Agencia de Empleo en Avda. Doctor Vallejo Nájera. De haber utilizado alguno de estos edificios el consistorio podría haberse evitado este contrato y ahorrar a las madrileñas y madrileños los 3.696.185 € del mismo.  Por tal motivo, el informe de auditoría concluye que este contrato y el gasto que supuso puede declararse ilegítimo.

Según el informe, con este mismo dinero se podrían haber construido dos escuelas infantiles, o dos escuelas de música o dos centros de mayores en un distrito. Por tanto, este gasto genera un perjuicio más que evidente para las vecinas y vecinos del distrito y una deuda social al privarles de estas dotaciones tan necesarias en el distrito.

El informe también evalúa la transparencia del Ayuntamiento en el proceso de auditoría, y señala que, aunque finalmente se ha podido acceder a la información necesaria para auditar el caso, se ha tardado casi 6 meses en conseguir esta información, incumpliendo los plazos de respuesta que establece la Ley Transparencia (que es de un mes). Así, llama también a la atención al Ayuntamiento para sea más transparente y cumpla los plazos a los que obliga la ley.

El informe se ha elaborado por un grupo de personas voluntarias del distrito sensibilizadas con el volumen de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid (uno de los más endeudados de España) con apoyo de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Precisamente desde esta Plataforma se hace un llamamiento a todas la ciudadanas y ciudadanos a empoderarse y crear grupos auditores para dilucidad la legitimidad o ilegitimidad de las políticas y las actuaciones públicas ejecutadas en sus barrios o distritos. Actualmente hay otros dos distritos, Usera y Moncloa que también han iniciado procesos de auditoría.