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Durante los días 2 y 3 de junio 150 personas venidas de un centenar de municipios del Estado nos hemos reunido en el marco del II Encuentro de la Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes. Durante este día y medio hemos podido compartir experiencias desde el municipalismo de base y hemos explorado estrategias comunes para hacer frente a las políticas de austeridad, la centralización administrativa y los obstáculos a la soberanía municipal impuestos por el gobierno del Partido Popular, y los impactos de la deuda ilegítima en nuestros municipios.
Entendemos el municipalismo como una fuerza para la transformación desde lo local, hacia una sociedad más justa. Un municipalismo que se construye no sólo desde las instituciones, sino como confluencia de representantes municipales, agrupaciones electorales, movimientos sociales y plataformas ciudadanas de todo el Estado que han decidido unir sus fuerzas. En el marco de la Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, constituida en Oviedo en noviembre de 2016, trabajamos conjuntamente para crear un frente capaz de revertir la grave situación económica y social que atraviesan gran parte de los municipios de todo el Estado. Los principales objetivos de la Red son:
Construir un nuevo municipalismo más autónomo y soberano para frenar la recentralización, asfixia financiera y recortes impuestos a los municipios desde el Estado (LRSAL, LRHL, Ley Estabilidad, Art. 135 de la constitución).
Promover el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda a través de auditorías ciudadanas.
Informar, concienciar, empoderar y fomentar la participación ciudadana en la construcción del nuevo municipalismo, en la denuncia de las deudas ilegítimas y en la realización de auditorías ciudadanas.
Desde que se creó la Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes han pasado 7 meses en los que hemos compartido espacios y recursos de formación, hemos intercambiado experiencias y se han desarrollado estrategias de apoyo mutuo. Se ha presentado la Red en el Congreso de los Diputados en Madrid y en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde hemos planteado la necesidad de garantizar la autonomía municipal y los recursos necesarios para hacer frente a la precarización y la cronificación de la pobreza.
Otra de las acciones ha sido la presentación coordinada de mociones como la que se ha presentado contra la Disposición 27 a la ley de presupuestos del Estado con la que el Partido Popular pretendía poner obstáculos a los procesos de remunicipalización en los ayuntamientos.
En este segundo encuentro de la red hemos generado espacios de formación, debate y estrategias, en los que han participado personas de un centenar de municipios de prácticamente todo el Estado, con representación de cargos electos y técnicos en los gobiernos municipales, grupos electorales en la oposición, movimientos sociales y plataformas ciudadanas. Lo concluimos emplazándonos a pasar de explorar los márgenes que dejan las leyes minimizando las consecuencias, para trabajar en cambiarlas. /// Concluimos, que una vez se han explorados los reducidos márgenes de acción que dejan las leyes, nos emplazamos a partir de mañana y en el próximo encuentro a trabajar para cambiarlas.
El encuentro se ha iniciado con un taller de representantes de parlamentos autonómicos y otras instituciones supramunicipales en el que se ha acordado abrir una nueva línea de trabajo en la Red alrededor de la problemática de la deuda autonómica. En este sentido se ha acordado realizar un futuro encuentro en el que se intercambiaran experiencias y se aunarán esfuerzos alrededor de cuestiones como la situación de endeudamiento y la financiación, la contratación pública y cláusulas sociales, las auditorías ciudadanas o estrategias sectoriales en ámbitos como el de sanidad.
El taller de remunicipalización de servicios públicos ha servido para poner en evidencia los obstáculos que se imponen desde el Estado. Recursos, sentencias e informes desfavorables se suman a los límites que se derivan de la Ley Montoro y, en especial, la tasa de reposición. No poder ampliar plantillas es una de las dificultades principales. Finalmente la presión realizada desde los municipios, grupos políticos en la oposición y plataformas ciudadanas por la municipalización de los servicios públicos, ha conseguido rebajar la presión de la disposición adicional 27 que el Partido Popular pretendía incluir en los presupuestos generales del Estado. Los procesos de remunicipalización no sólo nos permiten ahorrar recursos, sino también destapar casos de corrupción ligados a los procesos previos de privatización. Dicho taller ha destacado la importancia de implicar tanto a las trabajadoras como a la sociedad civil desde el inicio del proceso. Finalmente se propone poner en común las experiencias, dificultades y aprendizajes en una guía de remunicipalización, abierta a participación ciudadana.
En paralelo se ha celebrado un taller sobre Fiscalidad municipal, en el que los consistorios han puesto en común diferentes estrategias y medidas para incrementar la capacidad de recaudación desde una perspectiva de progresividad. En este sentido se ha hecho hincapié en la evolución que ha hecho el Estado traspasando el peso recaudatorio de los impuestos directos a los indirectos. Además dentro de los directos se ha aumentado la presión sobre las rentas de la clase trabajadora frente a las empresas. Así, la reclamación de los municipios de aumentar su participación en el PIE se debería hacer conjuntamente a la de incrementar la progresividad de los impuestos estatales.
Se han explorado además los límites de los impuestos locales como el IBI y se han compartido propuestas de tasas vinculadas al uso privativo de la vía pública o a las viviendas vacías. En relación al futuro, se ha reclamando la necesitar de avanzar hacia la reforma de la fiscalidad municipal, abordando una mayor autonomía fiscal de los ayuntamientos. Una reforma del IBI en la que se pudiese diferenciar por el tipo de propietarios y sus circunstancias, o el uso de la vivienda, permitiría un impuesto mucho más progresivo y justo. Aquí hay que abordar la eliminación de las bonificaciones a la iglesia y vigilar que otras como las que se otorgan a fundaciones no estén beneficiando actividades económicas lucrativas. Finalmente, se ha puesto énfasis a la necesidad de explorar además la fiscalidad ambiental y de género y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, declarando los municipios libres de paraísos fiscales y trasladando esta cuestión en las cláusulas de contratación pública.
Se ha realizado un taller muy práctico sobre auditorías ciudadanas de la deuda. La auditoría no se debe limitar a la deuda sino abordar la gestión pública en su conjunto. El objetivo no debe ser buscar venganza o sacar los colores al adversario, sino determinar qué ha fallado y poner los mecanismos de control duraderos que garanticen una correcta gestión pública y evitar que estos fallos vuelvan a suceder. A su vez, facilitar la formación y participación de la ciudadanía para su empoderamiento. En el análisis no sólo se debe abordar las cuestiones económicas o jurídicas, sino también los impactos de género, ambientales y sociales. En el taller se han analizado metodologías diferenciadas para auditar elefantes blancos, contratación pública y empresas públicas y se han puesto de manifiesto las dificultades que se están encontrando en el acceso a la documentación y en la implicación de la ciudadanía. Se ha puesto en común la guía de auditorías como herramienta para quienes quieran iniciar un proceso en su municipio.
Otro taller ha abordado la relación entre deuda y banca pública. Se ha puesto de manifiesto que diferentes experiencias históricas nos indican que la nacionalización de la banca puede permitir anular deudas municipales o familiares, y financiar a las Administraciones Públicas en mejores condiciones, siempre y cuando haya voluntad política. En nuestro país, la nacionalización de la banca rescatada debería ir dirigida a otorgar el monopolio de las finanzas al Estado. Bankia y BM deberían convertirse en un polo de banca pública con criterios sociales con dicho objetivo. En el ámbito municipal se ha propuesto auditar el Plan de Pago a Proveedores y el rescate encubierto a la banca que este ha supuesto. Se ha presentado también una propuesta para crear una entidad financiera municipal, una Agencia Estatal de Crédito Local, que permita refinanciar y reestructurar la deuda municipal (con quitas, ampliación de plazos y reducción de intereses) así como con capacidad para otorgar criterios sociales a los municipios. Existen experiencias en España en este sentido pero sería necesario avanzar en una propuesta.